VISTO
Que el Gobierno envió al Parlamento un proyecto de ley que dispone una moratoria impositiva que alcanza a todos los impuestos y que beneficiaría a empresas y particulares AUNQUE LOS ESTUVIERA INVESTIGANDO LA JUSTICIA POR EVASION FISCAL.

Que según la opinión de expertos y  hechos policiales de conocimiento público indican que La Argentina está siendo invadida por el NARCOTRAFICO ante la ineficacia de los controles que debe ejercer el Gobierno.
Y que En la presentación del proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros “precisó que para el blanqueo de capitales que se ofrece a quienes tengan activos en el exterior no se les preguntará el origen ni la fecha de adquisición de los bienes y que, además, los fondos repatriados no podrán ser objeto de investigaciones judiciales por incremento patrimonial.

Elevamos a Uds. una PROPUESTA de:
a)    Incorporar en la Ley tres artículos:
1)    Artículo: Del “blanqueo” quedan excluidos todos los funcionarios públicos o aquellos que se hayan desempeñado en la administración pública desde 1983 a la fecha de aprobación de la Ley.

2)    Artículo: En cumplimiento de las leyes 25.246 (de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo) y 26.268 (sobre Asociaciones Ilícitas Terroristas y de Financiación del Terrorismo), la Unidad de Información Financiera (UIF) deberá emitir – sin excepción - un informe sobre el origen y licitud del capital que se repatríe.

3)    Artículo: Quedan excluidos de los alcances de esta ley las causas que se encuentran en curso ante la Justicia, en especial aquellas que involucran a funcionarios públicos.

b)    JUNTAR FIRMAS CON PARTIDOS POLITICOS, ENTIDADES DE BIEN PUBLICO Y RECONOCIDAS PERSONALIDADES PARA QUE LA LEY INCLUYA LA INVESTIGACIÓN DE LOS CAPITALES QUE SE REPATRIAN, SU ORIGEN Y DESTINO, CON EL FIN DE EVITAR EL LAVADO DE DINERO Y EL BLANQUEO DEL DINERO DEL NARCOTRÁFICO QUE YA SE HA INSTALADO ENTRE NOSOTROS, EXCLUIR DE LOS ALCANCES DE LA LEY A LOS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DESDE 1983 A LA FECHA y que LA LEY NO INTERRUMPA LAS INVESTIGACIONES PENALES QUE SE ESTEN LLEVANDO A CABO.

FUNDAMENTOS:
En la página web de la UIF se establece:
La UFI La Ley Nº 25.246 de ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO, sancionada por el Congreso Nacional el 13 de abril de 2000 y promulgada por el Poder Ejecutivo el 5 de mayo del mismo año (Decreto 370/00), crea en el plano preventivo la Unidad de Información Financiera, encomendándole el análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de una serie de delitos graves.

Por medio de la Ley Nº 26.268 sobre ASOCIACIONES ILÍCITAS TERRORISTAS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, sancionada por el Congreso Nacional el 13 de junio de 2007 y promulgada de hecho por el Poder Ejecutivo Nacional el 4 de julio del mismo año, se modificó la Ley 25.246, extendiendo el mandato de la Unidad de Información Financiera al análisis de operaciones sospechosas de financiamiento del terrorismo.
La UIF funciona con autarquía funcional en jurisdicción del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.

Según opinan expertos “la Argentina seguirá desprestigiándose ante el mundo, por cuanto hay acuerdos internacionales que obligan al país a poner un cuidado especial sobre este tipo de maniobras. Existe el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), organismo muy eficiente a la hora de detectar el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y de sobornos ó enriquecimientos indebidos. Tanto el organismo como los acuerdos, podrían ser pasados olímpicamente por alto ante un Gobierno desesperadamente necesitado de recursos.

No es inimaginable, por cierto, que ante la posibilidad que abre la Argentina, conforme a su necesidad, algunos tenedores de capitales de origen non sancto, vean las medidas que toma este país como un festival de posibilidades para ingresar esos dineros a los circuitos legales”.

Según  informaciones periodísticas “Si hay un sector que se suponía que apoyaría el muy generoso paquete impositivo lanzado esta semana por el Gobierno era el de los contadores. Sin embargo, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE) opinó que al Poder Ejecutivo se le fue la mano ya que se premia a los más incumplidores."El proyecto conspira en términos filosóficos contra la equidad tributaria, porque el que más infringió la ley, más se beneficia con esta moratoria", expresó a LA NACION la secretaria del CPCE porteño, Flavia Melzi.

Lejos de formular un cuestionamiento moral (que no estaría de más para consolar a los contribuyentes puntillosos que ahora se sienten más tontos que nunca), la entidad que agrupa los profesionales de las ciencias económicas afirma que el proyecto está plagado de contradicciones: "Le otorga mayores incentivos al que nunca declaró nada que a quien había comenzado a blanquear bienes o empleados, que ya tiene una deuda que deberá seguir pagando. En cambio, quien estaba totalmente en negro parte de cero y pagará mucho menos".
Además, los contadores se quejan porque en la nueva ley queda vigente la responsabilidad para que informen sobre "operaciones sospechosas" que puedan estar relacionadas con lavado de fondos ilícitos, mientras que los contribuyentes quedan eximidos de responder ante la AFIP de dónde sacan el dinero que van a blanquear.
Finalmente, los profesionales del sector no escapan al escepticismo generalizado respecto del efecto práctico de esta medida: "En este contexto de incertidumbre y constantes cambios de política económica nadie va a traer un peso para tenerlo dos años inmovilizado", indicó Melzi, de lo cual se puede inferir que sólo fluirá dinero de dudosa procedencia para alimentar la compra de propiedades en barrios acomodados. Mientras tanto, el Gobierno elude cualquier rebaja de los pesados impuestos al consumo, que recaen por igual sobre todos los estamentos sociales, inclusive los más desfavorecidos.
Y si el objetivo oficial es lograr un mayor blanqueo laboral, sólo cabe observar el resultado de las moratorias de 1991 o del 2001 para comprobar que el Estado perdió recaudación por la rebaja en las contribuciones patronales pero que las fuentes de trabajo formal no crecieron.
Pese a estas objeciones, resulta difícil pensar quién se va a quejar ante esta nueva norma, como explicaba ayer un abogado en la city: "El Estado cobrará más, los estudios jurídicos también y los empresarios con problemas van a estar más tranquilos", concluyó con mucha franqueza”.

Documento elaborado por un Grupo de Ciudadanos Preocupados por la Salud y Seguridad en La Argentina
Firma: Ing. Edgardo Carranza
DNI 7.598.863